Los acuerdos a los que han arribado 21 acusados del caso de presunta corrupcion desmantelado mediante la Operación Medusa con el Ministerio Público (MP), declarándose culpables de las imputaciones que se les hace, complican la situación judicial del exprocurador general Jean Alain Rodríguez (2016-2020).
Aunque Rodríguez, principal señalado en el proceso, alega que los que han negociado con el órgano acusador “no lo señalan e incluso no lo conocen en forma alguna”, el abogado Francisco -Pancho- Álvarez, entiende todo lo contrario.
“Definitivamente que las declaraciones de culpabilidad de imputados en el caso Medusa complican la situación del principal imputado Jean Alain Rodriguez”, aseguró el jurista y miembro de Participación Ciudadana.
Explicó que en materia penal la prueba es libre por lo que la admisión de culpablidad de 21, de los 63 señalados en el grueso expediente “va cerrando el cerco y si son corroboradas por otros testimonios o pruebas documentales y periciales, cobran mucho mayor peso probatorio”.
De acuerdo al Diario Libre, Álvarez dijo que en un entramado criminal suele no haber contacto entre el cabecilla y los que cometen materialmente el hecho, pero que si quien paga el soborno a una persona, que luego lo pasa al cabecilla y ambos admiten los hechos, el beneficiario final puede verse comprometido no solo por el que hizo efectivo el cohecho, sino también por quien recibió el dinero, completando la cadena.
Afirmó que la declaracón de culpabilidad de gran parte de los imputados también agilizará a partir de ahora el caso de corrupción en los tribunales.
Lisandro Macarrulla, encabeza grupo
El grupo de los 21 que ha admitido las imputaciones de asociación de malhechores, soborno y estafa contra el Estado, 15 personas físicas y seis empresas, estaba liderado por Lisandro José Macarrulla Martínez, hijo del exministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla Tavárez.
Después de escuchar a la procuradora Mirna Ortiz, quien detalló al juez en qué consistía la negociación que se hizo con el joven empresario y su compañía MAC Construcciones, S.RL, este dio “aquiescencia, corroborando” lo manifestado por Ortiz.
“Corroborando lo manifestado por el Ministerio Público, la empresa que represento licitó en dos lotes, habiendo sido abultado el lote 5 (de la cárcel Nueva Victoria), una vez notificado, se nos acercó el señor Imbert exigiendo el porcentaje ya antes mencionado por otros imputados, en un principio la empresa se opuso, pero procedió a pagar el equivalente al 14 por ciento de los costos directos durante todo el proceso de la ejecución en nuestras oficinas en efectivos”, admitió Macarrulla Martínez ante el magistrado del Tercer Juzgado de Instrucción, Amauri Martínez.
El MP le solicitó, a lo que estuvo de acuerdo Macarrulla Martínez, tres años de prisión suspendida y la entrega al Estado de RD$77,000,039,800. También deberá entregar al Estado más de 57 millones de pesos en cheques de administración y un inmueble de la Torre M2, valorado en RD$20,000,000.
Igualmente, se cancelará el registro mercantil de la empresa Mac Construcciones SRL por dos años. Los más de de 77 millones que deberá entregar al Estado corresponden “al monto retenido por la Procuraduría General por concepto del 5 % del costo total que haya ascendido todos los trabajos realizados al concluir la obra como garantía de vicios ocultos en la construcción de La Nueva Victoria”, explicó la procuradora adjunta Mirna Ortiz.
Los otros que admitieron su culpa
Los demás imputados que admitieron el viernes los hechos son Ricardo Antonio Carrasquero, José Antonio Santana Julián, Reynaldo de Jesús Santos, Rafael Salvador Razuk Sánchez, Jenny Marte Peña, Mercedes Camelia Salcedo y Carolina Pimentel Bonifacio.
A principio de mes se anunciaron los acuerdos con los acusados Carlos Augusto Guzmán Oliver, representante de la razón social Herrajes Rachel; César Nicolás Rizik Pimentel, los hermanos Daniel Enrique y Francisco Alberto Vásquez Féliz, Fausto José Cáceres Santerio, la empresa La Parasata Mercantil y Francisco Arturo Santos Gómez.
Entre lágrimas, Yenny Marte Peña dijo sentirse “profundamente arrepentida” y expresó que admitió los hechos porque quiere rehacer su vida. El arreglo que hizo con la Pepca incluye una condena de cinco años de reclusión, a los cuales se le computarán los que pasó privada de libertad en la modalidad domiciliaria, y el tiempo restante la pasará en libertad condicional.
Marte Peña deberá también pagar una multa de 300 salarios mínimos del Estado.
