El panorama a las afueras de la Penitenciaría Nacional de La Victoria, en el municipio de Santo Domingo Norte, sigue siendo llamativo y desgarrador desde el incendio ocurrido hace una semana, en el que se lleva un saldo de 13 muertes y aún no se contabiliza la cantidad de personas con estados de salud comprometida.
Las escenas no dejan de ser tristes y, para los vendedores a las afueras, se ha terminado convirtiendo en algo normal la cantidad de personas que llega a todas horas, especialmente en las mañanas, con el lloro en la garganta por el desconocimiento del estado de algún ser querido que guarda prisión.
“Solo quiero saber de mi hijo. Necesito saber si está vivo o si falleció en el incendio. Si fue así, voy aceptar la voluntad de Dios porque no me queda de otra, pero necesito saberlo”, afirmó, con evidente tristeza, la señora Carmen de la Cruz, quien denunció que las autoridades no han tenido consideración con su dolor y las pocas informaciones, falsas, que ha tenido de su hijo, le han sido concedidas para “salir de ella”.
De acuerdo con su testimonio, desde lo ocurrido se ha apersonado en distintas ocasiones en la búsqueda de su hijo, un adulto de 31 años que entregó a las autoridades “por haberse puesto de malcriado con ella”, y, tras buscarlos en distintas listas y que no aparezca, le aseguraron que era atendido en un hospital de La Vega, al que llegó para recibir respuestas negativas.
Detalla el Listín Diario que para De la Cruz, la primera señal de alarma tras la tragedia fue no haber vuelto a recibir una llamada más del muchacho, al que identificó como “una buena persona”.
“Él no me ha llamado y él siempre me llamaba cada vez que le daban el teléfono y desde el fuego, no se ha vuelto a comunicar conmigo y no aparece. Mi hijo no es un muchacho malo, no es un delincuente, yo misma fui la que lo traje porque estaba muy malcriado y quería que aprenda, y ahora no se si está bien”, lamentó al realizar un llamado a las autoridades a ofrecer informaciones.
Trasladan presos
Tres camiones de cama larga, cubiertos con verjas metálicas a sus lados y con techo ovalado en el mismo material, pertenecientes a la Dirección General de Migración, salieron alrededor de las 12:00 del día de ayer lunes completamente repletos de reclusos desde la cárcel de La Victoria.
Los vehículos eran custodiados por miembros de la Policía Nacional y soldados, y a su salida los presos vociferaban distintas cuestiones con afán de que se les entendiera; sin embargo, debido al bullicio, resultó casi imposible distinguir respuestas más allá de un reiterado “no sabemos”, para responder a la pregunta de hacia dónde eran llevados.
Sin embargo, la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) reveló que hasta el momento han sido trasladados un total de 772 presos a los centros de Vista El Valle, en San Francisco de Macorís; El Pinito, La Vega; Anamuya, en Higüey; en Cucama, La Romana; a Elías Piña y Haras Nacionales.
Familiares inconformes
Los familiares que aguardaban a las afueras del recinto, con intenciones de obtener información de sus allegados, indicaron que fueron sorprendidos con el anuncio al momento de arribar al sitio.
Según sus reclamos, ni siquiera habían recibido avisos, sino que al intentar hacer llegar alimentos y comidas a sus seres queridos que cumplen condena, recibieron el rechazo de los guardias de lugar con el aviso, sin tener distinción de hacia dónde llevarían a los reclusos.
“Son unos abusadores, eso es lo que pasa. No te dicen con anticipación, pero tampoco te dicen para dónde se lo van a llevar, tú simplemente vienes y te encuentras con que se lo llevaron”, se molestó Rosanna Hernández, con un hermano que ha cumplido con 8 años de prisión, de 10.
Asimismo, otros se quejaron por las distancias que serían interpuestas tras los cambios, considerándose que podrían ser llevados incluso a provincias que les resultan lejanas.
“Deben de trasladarlos, sí, pero el problema es que el que vive aquí en la capital, se lo llevan para La Vega y le da brega a la familia porque debe de tomarse un día entero y dinero que no tiene para trasladarse. El que es de La Vega que se lo lleven para allá y así con todos”, se quejó Amado Arias, padre de un hombre condenado a 10 años de cárcel.
