La Procuraduría General de la República ha solicitado la instalación de campamento permanente al Centro de Operaciones de Emergencias (COE) en la Penitenciaría Nacional de La Victoria, como parte de las medidas de su plan de gestión de ese recinto tras el incendio ocurrido el pasado lunes 18 de marzo de 2024 y que según cifras oficiales cobró la vida a 13 presos.
La Procuraduría dispuso, además, una auditoría de infraestructura física y eléctrica, el traslado de 1,800 internos y la instalación de una unidad de atención multidisciplinaria, integrada por personal de atención para información, psicólogos y otros profesionales.
El ingeniero Leonardo Reyes Madera, director general de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones, encabeza la realización de la auditoría de la estructura, mientras que la evaluación de sus instalaciones energéticas está a cargo de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste).
La procuradora general, Miriam Germán Brito, reiteró que se están tomando todas las medidas de lugar para evitar que ocurran más daños humanos y materiales. Las medidas incluyen la disponibilidad permanente de un moderno camión de bombero para uso exclusivo de la penitenciaría.
Por igual, se avanza en las investigaciones para determinar las causas del incendio.
En ese sentido, Germán Brito dijo que ha reforzado el equipo de investigación con otras agencias y fiscales de la Dirección General de Persecución para tener en el menor tiempo posible los resultados de las indagatorias que se realizan desde el día del referido incendio.
También, se han tomado medidas para garantizar que los internos afectados a causa del incendio tengan kits de higienes, vestimenta y todo lo básico.
