El Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), logró la imposición de medidas de coerción en contra de tres ciudadanos venezolanos, que se les imputa ser miembros de una red criminal transnacional que se dedica a la trata de personas por medio de explotación sexual, desarticulada a través de la Operación MC Girasol.
El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso la prisión preventiva, por espacio de tres meses, a los imputados Michelle Carolina Gutiérrez Ruiz y Mario Jose May Mendoza, mientras que a Jhorman Derek Cortes Solano, le fue impuesta una garantía económica de 500 mil pesos, impedimento de salida del país y presentación periódica.
En la audiencia, el Ministerio Público demostró al tribunal las implicaciones que conllevaría, que a estos imputados no les fuera impuesta medidas que garantizaran que no van a sustraerse del proceso.
Los imputados fueron arrestados, luego de que el Ministerio Público rescatara a tres víctimas de nacionalidad venezolana, quienes manifestaron al órgano persecutor que estaban encerradas, mientras recibían tanto maltrato físico como emocional, y eran obligadas a sostener relaciones sexuales a cambio de dinero, con diferentes clientes que visitaban el lugar donde se encontraban y en contra de su voluntad.
Las investigaciones, también han revelado, que las víctimas eran obligadas a vender y distribuir sustancias narcóticas entre los clientes de esta red criminal.
En su método de operación, la referida red se dedicaba captar víctimas para tráelas al país bajo la promesa de conseguirles diferentes tipos de trabajo, y una vez aquí, se les informaba que habían contraído una deuda de cuatro mil dólares, que debían pagar brindando servicios sexuales a clientes que lo solicitan, siendo además ofrecidas por medio de catálogos digitales a través de la red social WhatsApp.
Los imputados fueron arrestados en un allanamiento realizado por el Ministerio Público en un lugar del Distrito Nacional, donde entre los hallazgos, fueron recolectados diferentes tipos de drogas ilegales.
El Ministerio Público le ha otorgado al presente hecho la calificación jurídica provisional, de trata de personas con fines de explotación sexual agravado, por ser una organización criminal y la multiplicidad de víctimas, que se encuentra tipificado y sancionados en las disposiciones de los artículos: 1 (literales a y h), 3 y 7 (literales b “y” c,) de la ley 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, en perjuicio de las víctimas arriba señaladas y del Estado dominicano.
Por disposición del tribunal, la imputada Michelle Carolina Gutiérrez Ruiz cumplirá la medida en el Najayo Mujeres y Mario Jose May Mendoza, lo hará en el CCR-17 de ese mismo centro penitenciario.
